“A primera vista, el acuerdo sobre los centros de retorno en terceros países puede parecer la satisfacción de una demanda de larga data. En realidad, el proyecto de Reglamento sobre retornos deja estos centros como algo puramente opcional, excluye explícitamente a los menores y a sus familias, y el mecanismo de supervisión propuesto, como era de esperar, probablemente se convertirá en un juguete para la instrumentalización política por parte de las ONG de izquierdas. Es más, sigue sin haber indicio alguno de centros de tramitación fuera de Europa.
La lista de la UE de países de origen seguros también revela lagunas evidentes e ignora las realidades geopolíticas cambiantes, lo que significa que los Estados de origen de los solicitantes de asilo y de la delincuencia, como Siria o Afganistán, quedan completamente al margen de los procedimientos acelerados propuestos. El acuerdo sobre el denominado «fondo de solidaridad» debe rechazarse igualmente: en realidad, no es más que una redistribución forzosa de inmigrantes ilegales y un menoscabo flagrante de la soberanía nacional.
No se vislumbra por ningún lado un auténtico cambio de rumbo en la política migratoria. En cambio, se está apaciguando a una opinión pública cada vez más inquieta con titulares que suenan contundentes para los medios de comunicación: un espectáculo político a costa de los ciudadanos de a pie”.”
