Las críticas del Tribunal plantean cuestiones fundamentales, especialmente en el ámbito de la política climática y medioambiental europea. Entre otras cosas, los auditores señalan la falta de normas claras para la gestión del fondo y deficiencias estructurales en su diseño. La compensación retroactiva prevista para medidas ya completadas también es objeto de críticas, ya que afecta a principios fundamentales de una buena gobernanza presupuestaria.
En el contexto de instrumentos existentes como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), se está intensificando el debate sobre la eficiencia, la orientación y el impacto medioambiental de la actual política climática de la UE.
Anja Arndt, diputada de la AfD en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), declaró:
“El Tribunal de Cuentas lo confirma: la política climática de Bruselas es costosa, burocrática y hostil para la industria. Al mismo tiempo, provoca la degradación del medio ambiente y una presión ecológica adicional debido a la expansión masiva de la energía eólica y solar. Con el RCDE 1, las empresas industriales se ven sometidas a una presión cada vez mayor debido a los elevados gravámenes. El fondo de descarbonización previsto pone de manifiesto cómo Bruselas primero crea problemas y luego intenta encubrir sus propios fracasos políticos con nuevos planes de redistribución’.”
