“Esta directiva supone un paso más hacia la vigilancia digital y la burocracia sin que por ello aumente la seguridad vial. Un permiso de conducir digital implica nuevos costes y cargas administrativas para millones de conductores, sin que sus beneficios estén en absoluto claros. En lugar de fomentar la movilidad de los ciudadanos, la UE está creando nuevos obstáculos y una costosa espiral administrativa’.
Lo que resulta especialmente crítico es que, en el futuro, las prohibiciones de conducir se aplicarían en toda la UE. Esto supondría una enorme intromisión en la legislación nacional de los Estados miembros. Si, por ejemplo, una prohibición de conducir impuesta en Francia se aplicara automáticamente también en Alemania, se socavaría la soberanía de nuestro ordenamiento jurídico. Los Estados miembros deben poder decidir por sí mismos cómo sancionar las infracciones de tráfico, no Bruselas.
Gracias a los votos de numerosos eurodiputados de centro-derecha, incluido el Grupo ESN, se evitaron intromisiones de aún mayor alcance —por ejemplo, los reconocimientos médicos obligatorios y periódicos para los conductores de edad avanzada—. Eso habría constituido una pura discriminación por motivos de edad. Defendemos la responsabilidad personal y la competencia nacional, y nos oponemos a un Estado de vigilancia europeo”.”
