La Conferencia de Berlín sobre Sudán, celebrada el 15 de abril, reunió a representantes gubernamentales, organizaciones internacionales y ONG con el fin de proporcionar nueva ayuda humanitaria a este país devastado por la guerra civil. Se debía cubrir un déficit de financiación de 2.200 millones de euros; el Gobierno alemán está haciendo recaer ahora la mayor parte de los fondos prometidos sobre los contribuyentes alemanes: el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, prometió 212 millones de euros en la cumbre. Marc Jongen, diputado al Parlamento Europeo y portavoz de política de desarrollo de la delegación de la AfD, declaró:
“Con 29 100 millones de euros en 2025, Alemania se ha convertido ahora en el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo, tras los drásticos recortes en el programa USAID de EE. UU. De los 522 millones de euros ya comprometidos para Sudán en 2025 por la Comisión Europea y los Estados miembros, Alemania asume la mayor parte de la carga. Estos pagos se realizan en gran medida a través del instrumento NDICI, con un volumen total de casi 79 000 millones de euros para el período 2021-2027, sin una supervisión democrática suficiente ni criterios de éxito cuantificables. Sigue sin estar del todo claro qué parte de las sumas prometidas llega realmente a la población local para satisfacer sus necesidades básicas y qué parte acaba en los bolsillos de ONG corruptas y señores de la guerra. El Tribunal de Cuentas Europeo ha criticado en repetidas ocasiones la falta de transparencia en la ayuda al desarrollo de la UE, en particular el papel de las ONG; sin embargo, no se han introducido mecanismos de control sólidos ni criterios de asignación más estrictos.
A la luz de la crisis económica y de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo debido a la desindustrialización en Alemania, tal transferencia de miles de millones al extranjero resulta totalmente irresponsable. El Gobierno alemán no debe seguir actuando como el tesorero del mundo. En su lugar, cualquier compromiso adicional de Alemania y la UE en materia de política de desarrollo debe estar sujeto a condiciones estrictas: una protección fronteriza eficaz, una actuación coherente contra el tráfico de personas y el terrorismo islamista, y acuerdos de readmisión de migrantes que funcionen —con la suspensión inmediata de todos los pagos si se rechaza la readmisión de migrantes—. En los últimos años, las entradas ilegales en Europa procedentes de Sudán, en particular, han aumentado considerablemente.
A nivel de la UE, debe haber ahora plena transparencia, medidas contra la corrupción y recortes drásticos en todo el gasto en desarrollo que no aporte beneficios claros, siguiendo el ejemplo de DOGE en Estados Unidos. Los intereses económicos y de seguridad europeos, así como la lucha contra la migración ilegal, deben situarse en el centro de la política de desarrollo de la UE. El Gobierno alemán debería asumir un papel de liderazgo a nivel nacional, en lugar de seguir invirtiendo miles de millones del dinero de los contribuyentes en lo que, en la práctica, es un pozo sin fondo en el Sur Global’.”
