“Lo que aquí se vende como una visión de futuro resulta ser un gigantesco monstruo de subvenciones y burocracia. La factura recae sobre las familias, los artesanos y la industria, mientras que Bruselas no ofrece ninguna garantía de seguridad del suministro, precios estables ni una auténtica apertura tecnológica. Solo hasta 2030 se gastarán 584 000 millones de euros: un bufé libre para los grupos de presión, pagado por los consumidores de electricidad y las pequeñas empresas.
Con la dirección prevista a escala de la UE, la Comisión ignora las situaciones de partida muy diferentes que existen en los Estados miembros. Quien planifica redes alejadas de la realidad crea nuevas dependencias respecto a la generación volátil, obliga a las empresas con un alto consumo energético a deslocalizarse y hace que los precios suban aún más. En lugar de permitir una competencia verdaderamente neutra desde el punto de vista tecnológico, se está imponiendo la próxima panacea ecológica, acompañada de una montaña de obligaciones de información.
Tras el reciente apagón a gran escala en la Península Ibérica, debería resultar obvio para todos que la seguridad del suministro y la prudencia económica deben tener prioridad. Sin embargo, en lugar de aprender la lección, Bruselas está optando por aún más regulaciones, centralismo y ilusiones. Rechazamos categóricamente este informe, en interés de los ciudadanos, del futuro industrial de Europa y de la soberanía de los Estados miembros”.”
