El Grupo ESN en el Parlamento Europeo critica que la Comisión Europea no haya respondido hasta la fecha a una importante interpelación presentada el 11 de febrero de 2026 por los diputados Hans Neuhoff y Alexander Jungbluth en relación con el préstamo previsto de 90 000 millones de euros a Ucrania. El plazo de seis semanas estipulado en el artículo 145, apartado 4, del Reglamento expiró el 25 de marzo de 2026 sin que se hubiera recibido respuesta alguna, lo que significa que, a petición de los autores, la interpelación debería haberse incluido obligatoriamente en el proyecto definitivo de orden del día. No obstante, los grupos políticos representados en la Conferencia de Presidentes —a excepción del Grupo ESN y de «Patriotas por Europa»— votaron en contra de la inclusión de este punto, infringiendo con ello el Reglamento y los derechos de control parlamentario.
El profesor Dr. Neuhoff, diputado de la AfD en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa, declaró:
“Cualquiera que apruebe un préstamo de 90 000 millones de euros a sabiendas de que nunca se devolverá no está aplicando política financiera, sino engañando. La devolución estaba vinculada a las reparaciones rusas que nunca se materializarán. En efecto, se trata de un regalo a costa de los contribuyentes europeos. El hecho de que la Comisión no considere necesario responder a ocho preguntas parlamentarias concretas no es una coincidencia: es un sistema. La naturaleza jurídicamente cuestionable de este proyecto es, al parecer, tan grave que se está evitando cualquier debate público. La negativa de la Conferencia de Presidentes a incluir este asunto en el orden del día del pleno no es un error de procedimiento: es censura política”.”
El político de la AfD Alexander Jungbluth, miembro de la Comisión de Presupuestos, añadió:
“Presentamos ocho preguntas concretas a la Comisión: sobre la base jurídica del préstamo, su compatibilidad con los artículos 310 y 332 del TFUE, los riesgos de responsabilidad para los Estados miembros, los hitos de pago, los mecanismos de control y los informes de auditoría pendientes. No se ha respondido ni a una sola de ellas. En cambio, se está bloqueando mediante recursos de procedimiento el intento de debatir el asunto en el pleno. Esto ya no es un proceso parlamentario, sino política institucional entre bastidores. Si la Comisión es incapaz de justificar la financiación de 90 000 millones de euros en términos presupuestarios, no tiene mandato para comprometer estos fondos. Los contribuyentes de los Estados miembros tienen derecho a la transparencia, que aquí se les está negando deliberadamente”.”
