“Con el pretexto de la simplificación y la eliminación de supuestos obstáculos en el mercado único, la Comisión Europea lleva años impulsando una armonización de facto de la fiscalidad directa de las empresas. Esto socava la soberanía fiscal de los Estados miembros y restringe su capacidad para diseñar sistemas fiscales competitivos adaptados a sus respectivas realidades. Esto supone un riesgo especial para las pequeñas y medianas empresas, ya que se ven sometidas a una carga adicional derivada de los nuevos y complejos requisitos de la UE. Una mayor implicación de la UE en la política fiscal supone, en la práctica, más burocracia, mayores costes y menos soberanía, democracia y libertad empresarial. ¡El hecho es también que la UE, al igual que muchos de sus Estados miembros, incluida Alemania, no tiene un problema de ingresos, sino un problema de gasto!”.”