Entre los productos afectados se incluyen el cacao, el café, el aceite de palma, la madera, la carne de vacuno y el caucho. Los requisitos originales generaron una enorme carga burocrática que implicaba millones de coordenadas geográficas, datos satelitales y obligaciones de documentación. Incluso durante la fase de prueba, los sistemas informáticos de la UE se colapsaban con frecuencia.
Bajo la presión del sector y de los grupos conservadores (ESN, ECR y Patriots), se ha logrado ahora una corrección: los comerciantes intermedios ya no tienen que presentar sus propias declaraciones de diligencia debida. Esta obligación recae ahora únicamente en el operador que comercializa los productos por primera vez. Además, se aplazará la fecha de entrada en vigor: para las grandes y medianas empresas, a partir del 30 de diciembre de 2026; para las microempresas y las pequeñas empresas, solo a partir de mediados de 2027.
La propuesta fue aprobada por 405 votos a favor frente a 242 en contra. La eurodiputada del ESN, Anja Arndt, comentó:
“El ESN y la AfD han cumplido. Hemos evitado que decenas de miles de empresas se vieran asfixiadas por la burocracia debido a una normativa de la UE poco realista. Las empresas ganan tiempo, seguridad en la planificación y liquidez, lo que también beneficia a los consumidores gracias a unos precios más estables».
Pero incluso el mero hecho de transmitir números de referencia en los albaranes de entrega causará enormes problemas en la práctica: en el caso de la madera, el cacao y el café, se acumulan cientos de números a lo largo de las cadenas de suministro, lo que da lugar a montañas de papeleo. El hecho de que este reglamento tenga que aplazarse de nuevo pone de manifiesto un fallo estructural por parte de la Comisión. Se adoptaron normas sin que fueran aplicables, y las consecuencias económicas simplemente se ignoraron. Eso es precisamente contra lo que estamos luchando”.”
