Irmhild Boßdorf, diputada al Parlamento Europeo y coordinadora de la ESN en la Comisión HOUS, declaró:
“Se trata de un ataque frontal contra todos los ciudadanos de a pie. El SPD pretende decidir quién puede seguir comprando una vivienda y quién no. Lo que cuenta ya no son los méritos, ni el Estado de derecho, sino tener la opinión correcta».
Este es el primer paso hacia un Estado que clasifica a sus ciudadanos: los leales por un lado, los indeseados por el otro.
Resulta especialmente pérfido el hecho de que incluso las autoridades de seguridad vayan a participar en este control ideológico. Se prevé que la Oficina Federal de Policía Criminal y el servicio de inteligencia nacional faciliten datos para que los municipios puedan descartar a los compradores no deseados. Un Estado que involucra a los servicios de inteligencia en la compra de inmuebles ha traspasado todos los límites.
Esta propuesta plantea importantes cuestiones en el marco del Derecho europeo y entra en clara contradicción con los derechos de propiedad garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como con la prohibición de la discriminación. Además, supone una amenaza para la libre circulación de capitales en el mercado único europeo si, en el futuro, se impidieran las compras de inmuebles sobre la base de valoraciones políticas.
Mientras que las familias no encuentran vivienda y ya apenas pueden permitirse adquirir una propiedad, este Gobierno se dedica a expulsar del mercado a las personas políticamente indeseables. Eso no es política de vivienda. Es política de poder.
Hoy afecta a los opositores políticos. Mañana afectará a todo aquel que alce la voz. Lo decimos claramente: la propiedad es un derecho fundamental, no un privilegio para los conformistas. Este proyecto de ley no necesita ser revisado. Hay que detenerlo. De inmediato.”
