Christine Anderson, miembro del Grupo ESN, hizo el siguiente comentario:
“La sentencia dictada hoy por el Tribunal General de la UE supone un terremoto político en el asunto relacionado con los contratos secretos de las vacunas contra la COVID-19. La Comisión Europea violó el derecho a la transparencia al denegar el acceso a los mensajes de texto intercambiados entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer. El tribunal lo ha dejado ahora claro: la supresión de estos mensajes fue ilegal».
Este incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y de transparencia no puede quedar impune. La conducta indebida de la Sra. von der Leyen es emblemática de un fallo institucional más amplio dentro de la Comisión. Tanto la Sra. von der Leyen como la Comisión deben rendir cuentas. Ahora debe crearse una comisión de investigación parlamentaria —dotada de poderes reales, incluida la autoridad para obligar a la Sra. von der Leyen a declarar bajo juramento—. Solo un proceso de este tipo puede garantizar una rendición de cuentas genuina y exhaustiva.
Ya en 2023, la Comisión sobre la COVID-19 del Parlamento Europeo intentó interrogar a la presidenta de la Comisión, pero esta se negó a comparecer. Esto no puede ni debe ser el final del asunto.
No se debe permitir que quienes ocupan cargos de responsabilidad eludan el escrutinio. La UE debe demostrar ahora que ha aprendido de este escándalo; de lo contrario, corre el riesgo de perder para siempre la confianza de sus ciudadanos”.”
